La crisis colonial de 1898, lleva al gobierno español a imponer unos presupuestos restrictivos acompañados de una subida de impuestos para compensar el déficit. Así, el ministro de Hacienda, Fernández VILLAVERDE, del gobierno SILVELA, elabora unos presupuestos que prevén un aumento de la recaudación del Estado a base de nuevos impuestos.

Debido a los presupuestos presentados por el gobierno español, en Barcelona, se inicia una protesta principalmente contra el impuesto de Utilidades del capital y del trabajo y el de cédulas personales, con tipos más altos en Barcelona que en Madrid. La frustración política y la obligación de pagar más hacen que se considere exagerada la contribución catalana a los gastos del Estado español por algo que consideran un fracaso de Madrid. Los comerciantes de Barcelona se oponen e inician una movilización que se conocerá como “Tancament de Caixes” (Cierre de cajas). Las manifestaciones son apoyadas por el alcalde de la ciudad, el médico Bartomeu ROBERT, y por el sector más posibilista del catalanismo.

Acabados los plazos de pago y las prórrogas, quedan unos 7.000 contribuciones por pagar y la delegación de finanzas de Barcelona exige del alcalde de Barcelona, Bartomeu ROBERT, que firme las autorizaciones para que los agentes ejecutivos entren en el domicilio de los morosos. El alcalde se niega, pero el 9 de octubre, fuertemente presionado, firma los primeros expedientes.

El alcalde de Barcelona, Bartomeu ROBERT, dimite a causa del tema del aumento de los impuestos. Con esta dimisión, el doctor Bartomeu ROBERT i YARZÁBAL alcanza la más amplia popularidad.

La Junta de la Lliga de Defensa Industrial i Comercial decide, en la fecha, dar de baja a los establecimientos comerciales e industrias para dejar de pagar la contribución sin que sea ilegal. Por otra parte, la prensa madrileña, sin embargo, convertirá las razones económicas de los catalanes en un movimiento separatista y antiespañol y la tensión crecerá. Algunos gremios de Madrid, Zaragoza y Valencia se adherirán al movimiento.

Ante el problema de las contribuciones pendientes de cobrar en Barcelona, el gobierno suspende las garantías constitucionales en la ciudad el día 23 de octubre, hecho que hace dimitir a DURAN i BAS como ministro de justicia. Son encarcelados diversos comerciantes y cerrados diversos establecimientos, pero como la situación resulta insostenible para las fuerzas ciudadanas, el movimiento se acabará con la claudicación. A pesar de todo, la protesta permitirá el reforzamiento de las corrientes catalanistas.

La junta permanente de la Unió Catalanista lanza un manifiesto “Al poble català”. En el escrito se niega que la lucha de los gremios tenga un carácter autonomista. Además se acusa a los hombres de la Lliga de querer un concierto económico sólo para Barcelona, olvidándose del resto de Catalunya. De hecho, la junta de la Unió Catalanista se considera el “único y genuino representante del catalanismo militante”. Igualmente el grupo de la Renaixença niega que el Tancament de Caixes tuviera algo que ver con el catalanismo y ve en él los intereses de la burguesía, que no los de Catalunya.